Mientras el Congreso debatía una reforma a la Ley de Tierras, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, Andrés Nápoli, analizó en Tercer Tiempo los alcances del proyecto, los cambios que impulsa el Gobierno y los riesgos que, a su entender, podrían surgir si se flexibilizan los límites actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Para el especialista, la discusión excede el porcentaje permitido de compra y obliga a mirar cuestiones vinculadas con la soberanía, el acceso al agua, las zonas de frontera y la concentración de grandes extensiones de territorio. También advirtió que el debate no debería limitarse a la extranjerización, sino alcanzar cualquier proceso de concentración de tierras.
Tiempo de lectura: 6 minutos. I Entrevista
En esta entrevista
- Qué cambia con la reforma de la Ley de Tierras.
- Por qué la discusión va más allá del porcentaje permitido.
- El impacto sobre recursos naturales y zonas estratégicas.
- La comparación con Brasil y otros países.
- La concentración de tierras como principal preocupación.
Una discusión que va más allá de la propiedad privada
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo propone modificar distintos artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011. Entre otros puntos, eleva el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y elimina algunas restricciones territoriales que hoy contempla la norma.
Para Andrés Nápoli, el foco del debate no debería ponerse únicamente en el porcentaje permitido, sino en las consecuencias que puede tener una mayor concentración sobre recursos considerados estratégicos para el país.
“El proyecto tiene un título atractivo, pero modifica mucho más que eso”
—TT: La reforma se presenta bajo el concepto de protección de la propiedad privada. ¿Qué es lo que realmente se está discutiendo?
—Andrés Nápoli: El proyecto tiene un título muy atractivo, con el que prácticamente cualquiera estaría de acuerdo. Pero cuando uno entra en el contenido encuentra modificaciones importantes sobre distintas normas. La Constitución Nacional ya protege la propiedad privada; no hacía falta una nueva ley para eso.
La discusión de fondo está en la reforma de la Ley de Tierras. Esa norma fijó límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y no solamente estableció un porcentaje nacional, sino también restricciones por provincias, departamentos y municipios. Porque finalmente no se compra un país: se compra un territorio específico.
«No estamos discutiendo solamente la compra de tierras. Estamos discutiendo qué puede pasar con territorios estratégicos.»
¿El debate es sobre propiedad o sobre soberanía?
Durante la entrevista también surgió uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo: que comprar una tierra no implica ceder soberanía. Para Nápoli, esa mirada resulta incompleta.
—TT: ¿Estamos hablando de soberanía o simplemente de operaciones inmobiliarias?
—Andrés Nápoli: Estamos hablando de compras de tierras que pueden impactar sobre la soberanía. Pensemos en zonas de frontera, en áreas cercanas a grandes cursos de agua o en lugares estratégicos. Esos territorios tienen un valor que excede el inmobiliario.
Si uno mira la legislación comparada encuentra que muchos países establecen restricciones justamente para proteger recursos estratégicos, garantizar la seguridad interior, la defensa nacional o la seguridad alimentaria.
Del 15% al 25%: por qué el porcentaje no cuenta toda la historia
Uno de los aspectos que más controversia genera es la decisión de elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar bajo titularidad extranjera.
—TT: El Gobierno sostiene que solamente cambia un porcentaje. ¿Es así?
—Andrés Nápoli: No. Porque junto con ese cambio desaparecen otras limitaciones que hoy tiene la ley. Actualmente existen topes por provincias, departamentos y también restricciones para determinadas zonas, como las fronterizas o aquellas consideradas estratégicas.
Cuando solamente se habla del 25%, parece un cambio aislado. Pero en realidad estamos hablando de modificar toda una arquitectura de controles que fue incorporada en 2011.
«Cuando hablamos del 25%, estamos hablando de una de cada cuatro hectáreas del país.»
Brasil, Canadá y las comparaciones internacionales
El oficialismo también utilizó ejemplos internacionales para defender la reforma y sostuvo que las restricciones actuales reducen el valor de la tierra argentina.
—TT: ¿Son válidas esas comparaciones?
—Andrés Nápoli: Cada legislación tiene características distintas y hay que analizarlas en detalle. Lo que no aparece demostrado es que el precio de la tierra en la Argentina dependa de estas restricciones. Ese argumento debería estar respaldado por evidencia concreta.
También es importante mirar el conjunto de las regulaciones y no quedarse solamente con un país o con un dato aislado.
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La ley vigente todavía no alcanzó su propio límite
Para Nápoli, uno de los datos menos discutidos del proyecto es que el límite actual establecido por la Ley de Tierras todavía está lejos de completarse.
—TT: Hoy se plantea ampliar el porcentaje permitido. ¿Existe una necesidad concreta?
—Andrés Nápoli: Hoy la tierra en manos extranjeras representa aproximadamente entre el 6% y el 8% del total. Es decir, todavía ni siquiera se alcanzó el límite del 15% que fija la ley vigente. Por eso la pregunta es muy simple: ¿por qué elevar el tope si todavía no llegamos al actual? Hasta ahora nadie explicó con claridad cuál es la necesidad.
«Tenemos una ley que todavía no llegó a su límite y, sin embargo, se propone flexibilizarla.»
El verdadero riesgo: la concentración de la tierra
Más allá del origen del capital, el director ejecutivo de FARN sostuvo que el problema central es la concentración de grandes extensiones en pocas manos.
—TT: ¿La preocupación pasa exclusivamente por la extranjerización?
—Andrés Nápoli: No. Me preocupa tanto la concentración en manos extranjeras como en manos nacionales. Porque también puede producirse una enorme concentración utilizando sociedades locales. El punto es que no debería existir semejante acumulación de territorio en un solo actor, porque eso termina condicionando la capacidad del Estado para administrar recursos estratégicos.
Para el especialista, la discusión debería enfocarse menos en la nacionalidad del comprador y mucho más en el nivel de concentración que puede alcanzar la propiedad rural.
El caso Joe Lewis y el acceso a Lago Escondido
Uno de los ejemplos que apareció durante la entrevista fue el conflicto por el acceso a Lago Escondido, en Río Negro.
—TT: ¿Qué representa ese caso dentro de este debate?
—Andrés Nápoli: Cuando alguien adquiere todo el entorno de un lago termina definiendo, en los hechos, por dónde puede ingresar la gente. Puede existir otro camino, pero si ese acceso es extremadamente complejo o prácticamente imposible de utilizar, el derecho termina siendo apenas formal.
Cuando hablamos de recursos naturales también hablamos del acceso público a lagos, ríos, bosques y otros espacios estratégicos. Ese es uno de los aspectos que muchas veces queda fuera de la discusión.
Nápoli aclaró además que existen experiencias positivas de conservación impulsadas por empresarios privados, como Douglas Tompkins, pero remarcó que se trata de excepciones y no de la regla general.
«Hay empresarios comprometidos con la conservación, pero no podemos construir una política pública pensando únicamente en esos casos.»
El vínculo entre la reforma y el RIGI
Consultado sobre el contexto general en el que aparece esta reforma, Nápoli consideró que forma parte de un conjunto de medidas orientadas a flexibilizar distintos aspectos vinculados con las grandes inversiones.
—TT: ¿Observás un hilo conductor entre esta iniciativa y otras reformas impulsadas por el Gobierno?
—Andrés Nápoli: Sí. Cuando uno analiza el recorrido aparecen el RIGI, las modificaciones vinculadas con inversiones extractivas, los cambios societarios y otras iniciativas que apuntan en la misma dirección. También vemos un debilitamiento de organismos de control. Es un proceso que debe analizarse de manera integral.
El ambientalista aclaró que promover inversiones resulta necesario para el desarrollo económico, pero sostuvo que esas políticas deben convivir con mecanismos de regulación y capacidad de control por parte del Estado.
Atraer inversiones sin perder capacidad de regulación
—TT: Provincias como Neuquén o San Juan muestran que las grandes inversiones generan empleo. ¿Cómo se encuentra el equilibrio?
—Andrés Nápoli: Hay proyectos que requieren estabilidad porque implican inversiones muy importantes y de largo plazo. Pero una cosa es brindar previsibilidad y otra muy distinta es resignar herramientas para controlar lo que ocurre después. El desafío consiste justamente en encontrar ese equilibrio.
Según explicó, cuando los Estados pierden capacidad para revisar condiciones o reclamar frente a eventuales incumplimientos, aparecen dificultades que pueden extenderse durante décadas.
«Hay que pensar en el país que viene»
Antes de finalizar la entrevista, Andrés Nápoli dejó un mensaje que buscó sacar la discusión de la coyuntura política.
«Son temas a los que los argentinos tenemos que prestarles atención. Estamos muy concentrados en la urgencia del presente, pero también tenemos que pensar qué país les vamos a dejar a las próximas generaciones.»
La discusión sobre la Ley de Tierras sigue abierta y combina cuestiones económicas, ambientales, jurídicas y estratégicas. Mientras el Congreso define el futuro de la iniciativa, el debate excede la propiedad rural y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo administrar recursos considerados claves para el desarrollo del país sin resignar capacidad de regulación ni control.