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El Gobierno vuelve a poner en agenda una de las reformas más sensibles del año. La modificación de la ley de glaciares entra en su tramo final y el oficialismo se encamina a aprobarla en Diputados con respaldo de provincias clave y apoyo legislativo suficiente.
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Resumen: Todo indica que la reforma de la ley de glaciares tiene los votos para avanzar. Pero el conflicto no termina en el Congreso: la discusión ya se traslada a la Justicia.
Con respaldo de provincias mineras, el Gobierno avanza con la reforma de la ley de glaciares
La sesión está prevista para el miércoles, el oficialismo busca ordenar la agenda con una señal clara: avanzar con reformas estructurales vinculadas a la inversión y los recursos naturales. Según estimaciones oficiales, el proyecto podría reunir más de 130 votos. El apoyo no responde solo a bloques políticos, sino a intereses territoriales vinculados al desarrollo minero.
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San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza juegan un rol central. En estas provincias, la posibilidad de ampliar la actividad extractiva pesa más que las resistencias ambientales.
El dato político es clave: en este debate se rompen las lógicas partidarias tradicionales. Gobernadores y diputados priorizan sus economías regionales.
En paralelo, sectores de la oposición intentarán incomodar al oficialismo en la sesión, aunque con pocas chances de frenar la iniciativa.
Qué cambia con la reforma de la ley de glaciares
El proyecto redefine el alcance de las áreas protegidas. Propone distinguir entre ambiente periglaciar y “geoformas periglaciales” con función hídrica comprobable.
Esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará protegido, sino solo aquellas zonas consideradas estratégicas para el agua.
Además, se modifica el control técnico. La actualización del inventario glaciar dejaría de estar centralizada en el IANIGLA y pasaría a manos de las provincias.
Para los críticos, este cambio debilita la protección ambiental. Para el Gobierno, ordena competencias y habilita inversiones.
El debate técnico ya se había anticipado en audiencias públicas previas, como analizó Tercer Tiempo en esta cobertura y en la primera versión del proyecto (ver nota).
Una ley que puede aprobarse, pero no cerrarse
El oficialismo tiene ventaja. Pero la discusión no termina con la votación. Organizaciones socioambientales ya anticiparon que judicializarán la reforma por posible violación del principio constitucional de protección ambiental.
Aunque se apruebe, el conflicto recién empieza. La reforma de la ley de glaciares deja expuesta una tensión de fondo: el peso de la inversión minera frente a la protección ambiental y el rol creciente de las provincias en esa disputa.