El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, propuso revisar la Ley de Glaciares para compatibilizar preservación ambiental e inversiones en cobre. Planteó que las provincias definan áreas protegidas y destacó el RIGI como motor para proyectos estratégicos.
Resumen
1: San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre del país y busca reglas claras para atraer capital.
2: La discusión cruza ambiente, federalismo y empleos de la transición energética.
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Reunión en Casa Rosada: inversión, reglas y federalismo
Orrego se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Llevó una agenda concreta: minería, obra pública y reformas.
Pidió acelerar proyectos en cobre bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Reclamó seguridad jurídica y coordinación Nación–Provincia.
“Hay estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Ahora debemos avanzar”, sostuvo el gobernador.
¿Qué es la Ley de Glaciares y por qué genera debate?
La Ley 26.639 (Ley de Glaciares) protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Prohíbe actividades que los dañen, incluida la minería en esas áreas.
El eje del debate es la definición y alcance del ambiente periglacial. Provincias con cordillera sostienen que la aplicación vigente bloquea proyectos fuera de hielos activos. Piden criterios técnicos actualizados y mayor rol provincial para delimitar zonas sensibles.
San Juan plantea armonizar preservación y desarrollo. Busca reglas predecibles que diferencien áreas críticas de zonas aptas con estándares ambientales altos.
Lo que propone San Juan
1) Revisión técnica de definiciones de glaciar y periglaciar con evidencia geocientífica.
2) Competencia provincial para delimitar áreas, con auditoría nacional y transparencia.
3) Puerta a inversiones en cobre con controles hídricos, trazabilidad y monitoreo público.
Por qué importa: cobre, empleo y transición energética
El cobre es clave para redes eléctricas, autos eléctricos y renovables. San Juan concentra seis de los diez proyectos más importantes del país. La ventana de demanda global está abierta. Los capitales exigen reglas claras.
El RIGI mejora condiciones de financiamiento. La licencia social depende de agua segura, monitoreo y beneficios locales. Sin eso, no hay proyecto sostenible.
Qué se discute ahora?
Ambiente: proteger reservas de agua y ecosistemas de alta montaña.
Federalismo: más rol técnico de provincias en la cartografía de áreas sensibles.
Desarrollo: captar inversiones con estándares ambientales verificables.
“El desafío es pasar de la dicotomía ‘sí o no’ a reglas exigentes y aplicables que den certezas a todos los actores” aseguran fuente cercana al gobernador
El Congreso definirá si abre la revisión. El sector minero mira el calendario legislativo y los criterios técnicos que se adopten.