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El Congreso vuelve a discutir la reforma de la Ley de Glaciares en un contexto de crisis climática, presión por inversiones y tensión entre Nación y provincias. El foco está puesto en el ambiente periglaciar, una categoría clave para el futuro del agua y el desarrollo en zonas cordilleranas.
Resumen:
- Cámaras mineras y juristas reclaman precisión normativa.
- Organizaciones ambientalistas alertan sobre un posible retroceso.
- La ciencia aporta un dato incómodo: la mayor parte del hielo estratégico no es visible.
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Por qué la Ley de Glaciares vuelve al centro del debate político
La reforma de la Ley 26.639 no llega al Congreso en un vacío. Se discute en un escenario atravesado por sequías recurrentes, estrés hídrico creciente y una estrategia oficial que busca destrabar inversiones en minería y energía. En ese cruce, el agua aparece como recurso estratégico y el ambiente periglaciar como territorio en disputa.
El Gobierno sostiene que la normativa vigente, sancionada en 2010, tiene ambigüedades técnicas que generan judicialización permanente y bloqueos que no siempre se traducen en mayor protección ambiental. Por eso impulsa una adecuación que redefine criterios y roles, sin eliminar —según su planteo— la tutela sobre los glaciares.
Quiénes respaldan la reforma y quiénes la cuestionan
Desde el Instituto Argentino de Derecho para la Minería IADEM (Instituto Argentino de Derecho para la Minería)
IADEM el respaldo al proyecto es explícito. El organismo sostiene que una ley ambiental sin definiciones claras termina siendo ineficaz.
“La falta de claridad normativa debilita la tutela ambiental y erosiona la seguridad jurídica”, advirtió el instituto en un comunicado.
En la misma línea se expresó la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM), que reclamó una regulación “más clara, eficaz y coherente”. Según la entidad, los vacíos conceptuales de la ley actual afectan tanto la protección real de los glaciares como la previsibilidad necesaria para invertir en provincias cordilleranas.
Del otro lado, organizaciones ambientalistas como FARN alertan que la reforma implica una regresión, al otorgar mayor protagonismo a las provincias en la identificación de geoformas protegidas. Temen que esa descentralización termine habilitando actividades extractivas en zonas sensibles.
El dato que incomoda: la mayor reserva de agua no siempre se ve
Los informes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) introducen un elemento clave para ordenar el debate. En Mendoza, la mayoría de los cuerpos de hielo no son glaciares visibles, sino glaciares de escombros.
En las subcuencas del Tigre, dentro de la cuenca del río Mendoza, se inventariaron 318 cuerpos de hielo que ocupan 69,32 km². Cerca del 60% corresponde a glaciares de escombros, geoformas que almacenan grandes volúmenes de agua congelada aunque no presenten hielo expuesto.
Estos cuerpos cumplen un rol central en la regulación de caudales durante años secos y son fundamentales para el abastecimiento de oasis productivos. El propio IANIGLA subraya que una correcta identificación y clasificación técnica es clave para su protección efectiva y para la gestión del agua.
Quién decide qué se protege cuando el recurso crítico es el agua
La reforma de la Ley de Glaciares mantiene las prohibiciones sobre glaciares con función hídrica comprobada, pero redefine el alcance del ambiente periglaciar y refuerza el rol de las provincias, en línea con el artículo 124 de la Constitución.
Para sus defensores, esto fortalece el federalismo ambiental y permite pasar de prohibiciones generales a evaluaciones técnicas caso por caso. Para sus críticos, abre una zona gris donde el poder de decisión puede quedar condicionado por urgencias económicas y ciclos políticos.
El debate de fondo no es técnico. Es político. Se trata de quién define qué vale como reserva estratégica y con qué criterios, en un país donde el agua empieza a escasear.
La pregunta incómoda queda abierta: cuando el agua es el límite, ¿manda la evidencia científica o la presión por producir?