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El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el debate dejó de ser hipotético. El punto más sensible sigue siendo el mismo: quién define el ambiente periglacial y bajo qué criterios. El oficialismo y las provincias mineras celebran una señal de previsibilidad para inversiones; ambientalistas advierten riesgo hídrico y retroceso en la protección.
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Resumen:
- Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, la Cámara alta aprobó la reforma y giró el proyecto a Diputados.
- La discusión se concentra en la “letra chica” del periglacial: definición técnica, autoridad de aplicación y alcance real de la protección sobre reservas estratégicas de agua.
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Qué propone el Gobierno y por qué acelera la reforma
La media sanción en el Senado cambia el escenario político de la reforma: el proyecto ya no se discute como intención del Ejecutivo, sino como iniciativa en marcha. El oficialismo logró aprobarla en general y en particular, y ahora la disputa se traslada a Diputados, donde volverán a cruzarse provincias mineras, sector empresario, especialistas y organizaciones ambientalistas.
La discusión de fondo no es solo minería sí o no. Es quién define qué zonas cumplen función hídrica estratégica y qué margen queda para flexibilizar esa frontera. En esa definición se juega mucho más que una inversión: se juega el estándar de protección del agua en territorios de alta montaña.
El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.639 , la norma que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar.
El eje central de la reforma de la Ley de Glaciares es que cada provincia pueda definir su propia delimitación periglaciar y, a partir de ese criterio, habilitar o restringir actividades productivas.
“La reforma permitirá generar hasta un millón de puestos de trabajo”.
Tras obtener dictamen en el Senado, el debate quedó formalmente encaminado para retomarse en las sesiones extraordinarias previstas para febrero de 2026.
La grieta real: el ambiente periglaciar y el poder de medir
La delimitación técnica hoy se apoya en el Inventario Nacional de Glaciares , elaborado por el IANIGLA, organismo científico dependiente del CONICET.
Para las provincias mineras, ese criterio resulta restrictivo. Para científicos y organizaciones ambientales, es la base mínima para evitar decisiones discrecionales.
El agua como límite estructural
Según datos técnicos citados por organismos científicos, más de siete millones de personas dependen directa o indirectamente de cuencas alimentadas por glaciares y ambientes periglaciares.
En un contexto de sequía prolongada y aumento de temperaturas, cualquier cambio en los criterios de protección impacta sobre la seguridad hídrica.
Federalismo o regresión ambiental
Las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría vulnerar el carácter de “presupuestos mínimos” de la ley y entrar en tensión con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú , que garantiza acceso a la información y participación pública en política ambiental.
La media sanción ordenó el tablero político, pero no resolvió el conflicto. En Diputados se definirá si la reforma mejora la calidad regulatoria o si, en nombre de la “claridad”, reduce el alcance efectivo de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial.