El Senado acelera el debate de la reforma laboral en el tramo final de extraordinarias, con la idea de aprobarla antes del 1° de marzo. Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte que la iniciativa no actualiza licencias ni políticas de cuidado y, en un mercado desigual, puede terminar ampliando la brecha entre mujeres y varones.
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Resumen:
- El Senado busca convertir en ley la reforma laboral en extraordinarias.
- ELA alerta sobre un “punto ciego”: la norma no toca licencias ni cuidados.
- Sin cambios en ese frente, la reforma puede profundizar la brecha laboral de género.
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Una reforma que vuelve al Senado con la agenda encendida
La Cámara alta prepara una semana cargada y ubica la reforma laboral en el centro del temario. El oficialismo quiere cerrar el capítulo en extraordinarias y llegar a la apertura de ordinarias con un paquete aprobado y un mensaje claro a inversores y empresas.
El proyecto volvió al Senado luego de cambios en Diputados. Aun con esas correcciones, conserva el corazón de la iniciativa. El texto discute el costo laboral y busca formalizar empleo con un blanqueo. También reordena reglas de negociación colectiva y redefine el alcance de actividades consideradas esenciales.
En el articulado aparecen medidas que impactan en la vida cotidiana. El texto cambia el cálculo de indemnizaciones, habilita un fondo de cese con aportes porcentuales, propone un “banco de horas” en lugar de horas extra, permite fraccionar vacaciones y habilita nuevas modalidades de pago (como billeteras virtuales o moneda extranjera, de manera optativa). El Gobierno vende modernización. ELA mira el efecto colateral.
Brecha laboral de género: el dato que incomoda
“Una reforma laboral que no reconoce cómo se organizan hoy los hogares no es moderna ni viable para la economía actual”. ELA
ELA pone el foco donde casi nadie mira: la reforma no discute el tiempo. Y el tiempo, en Argentina, todavía tiene un sesgo de género. Entre 1980 y 2025, la participación laboral femenina pasó del 27% al 51,6%, con datos del INDEC. En paralelo, el modelo de “un solo proveedor varón” perdió peso: ELA cita que en 1986 el 65% de los hogares tenía un único proveedor varón (dato relevado por CIPPEC) y que para 2024 el 56,8% de los hogares ya cuenta con dos aportantes de ingresos.
La desigualdad persiste. ELA sostiene que la brecha de participación entre mujeres y varones oscila entre 20 y 40 puntos porcentuales y deja fuera del sistema productivo a unas 1,8 millones de mujeres. En esa lectura, una reforma que no reconoce cómo se organizan los hogares consolida el problema en lugar de corregirlo.
Licencias y cuidados: la letra de 1976 que la reforma no toca
El punto más sensible aparece en el capítulo ausente: licencias. El informe de ELA sostiene que el proyecto mantiene sin cambios el esquema de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976. Para la organización, ese diseño quedó viejo para un país donde crecieron los hogares con dos ingresos y donde el cuidado de niñas, niños y personas mayores define la posibilidad real de trabajar.
En la práctica, la reforma discute costos e incentivos, pero deja intacto el principal cuello de botella para la inserción laboral femenina: la organización del cuidado. ELA remarca que seis de cada diez personas cree que la licencia por paternidad debería extenderse. La comparación regional también incomoda: varios países de América Latina ya ampliaron licencias y avanzaron hacia esquemas más corresponsables.
En ese marco, ELA propone una actualización integral del régimen con un esquema progresivo, inclusivo y fiscalmente viable. La idea es directa: si el Estado no ofrece una arquitectura mínima, el mercado la reemplaza con desigualdad. Y esa desigualdad, casi siempre, recae sobre las mujeres.
Qué debería mirar el Senado si habla de “modernizar”
La reforma promete formalizar empleo, ordenar reglas y dar previsibilidad. Ese discurso gana volumen cuando incluye el costo oculto: el de las mujeres que no pueden entrar, sostenerse o crecer en el mercado de trabajo porque el sistema no reconoce el cuidado como infraestructura económica.
Si el Senado aprueba la ley sin tocar licencias, deja una señal política: “modernizar” puede significar flexibilizar relaciones laborales sin actualizar derechos básicos. La brecha laboral de género no se achica con marketing legislativo. Se achica cuando el Estado, las empresas y los sindicatos aceptan que la economía doméstica también produce.
La discusión abre otra pregunta que el Congreso ya dejó sobre la mesa en el debate presupuestario: ¿qué lugar le da el Estado a las políticas de cuidado cuando ajusta partidas y recorta programas? En un país con más mujeres sosteniendo hogares y más informalidad, esa respuesta define mucho más que un artículo de ley.