Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) junto a la organización Fundar advierte que el gobierno de Javier Milei ejecutó el mayor ajuste social del siglo XXI. 📉 En solo tres meses, el gasto social cayó un 30% real. 👥 Dos de cada tres pesos recortados impactaron sobre jóvenes y adultos.
Dos ideas clave
El ajuste fue más drástico que durante la pandemia y la gestión Macri.
La AUH subió, pero no compensa la magnitud del desmantelamiento del resto de las políticas.
Un recorte sin precedentes desde 2002
El estudio “Mapa de las Políticas Sociales en Argentina 2025”, elaborado por Agostina Schipani, Leandro Forlino y Matías Anauati y publicado por el CIAS y Fundar, sostiene que el inicio del gobierno de Milei representa el ajuste más profundo en políticas sociales desde el final de la crisis del 2001.
“Más del 30% del gasto real en políticas sociales se recortó durante el primer trimestre de 2024”, advierte el informe. “El 66% del ajuste afectó programas para jóvenes y adultos”.
El ascenso social ya no es una promesa
El recorte impactó sobre Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, Progresar y otras transferencias no automáticas a provincias y municipios. Muchos de estos programas dejaron de ejecutarse o se redujeron drásticamente.
La AUH subió, pero no alcanza
El único aumento real se dio en la inversión por niño, que creció 13,8% interanual por el incremento nominal de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“La AUH alcanzó su mayor inversión desde 2010, pero no equilibra el deterioro del resto del sistema”, aclaran los autores.
En contraste, la inversión en adultos mayores y jóvenes sufrió una caída histórica, con fuertes consecuencias sobre el entramado de protección social.
Cambia el modelo: del Estado territorial a la transferencia mínima
El nuevo modelo elimina programas con anclaje comunitario, educativo o laboral, y los reemplaza por transferencias focalizadas y sin intermediación.
“El gobierno reduce no solo presupuesto, sino también la definición de quién merece ser asistido”, destaca el informe.
Esto implica una ruptura con las políticas federales y territoriales que articulaban con organizaciones sociales, gobiernos locales y actores comunitarios.
