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El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Glaciares para que las provincias definan qué es zona periglaciar y habiliten o no la minería donde hoy rigen límites. Promete inversiones y empleo. Ambientalistas y científicos alertan sobre riesgos hídricos y una posible regresión normativa.
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Resumen
1: La reforma reabre una disputa histórica entre federalismo de recursos y presupuestos mínimos ambientales.
2: El punto sensible no es el glaciar emblemático, sino el ambiente periglaciar y quién tiene el poder de medirlo.
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Qué propone el Gobierno y por qué acelera la reforma
El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.639 , la norma que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar.
El eje central de la reforma de la Ley de Glaciares es que cada provincia pueda definir su propia delimitación periglaciar y, a partir de ese criterio, habilitar o restringir actividades productivas.
“La reforma permitirá generar hasta un millón de puestos de trabajo”.
Tras obtener dictamen en el Senado, el debate quedó formalmente encaminado para retomarse en las sesiones extraordinarias previstas para febrero de 2026.
La grieta real: el ambiente periglaciar y el poder de medir
La delimitación técnica hoy se apoya en el Inventario Nacional de Glaciares , elaborado por el IANIGLA, organismo científico dependiente del CONICET.
Para las provincias mineras, ese criterio resulta restrictivo. Para científicos y organizaciones ambientales, es la base mínima para evitar decisiones discrecionales.
El agua como límite estructural
Según datos técnicos citados por organismos científicos, más de siete millones de personas dependen directa o indirectamente de cuencas alimentadas por glaciares y ambientes periglaciares.
En un contexto de sequía prolongada y aumento de temperaturas, cualquier cambio en los criterios de protección impacta sobre la seguridad hídrica.
Federalismo o regresión ambiental
Las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría vulnerar el carácter de “presupuestos mínimos” de la ley y entrar en tensión con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú , que garantiza acceso a la información y participación pública en política ambiental.
La discusión que llegará al Congreso en febrero de 2026 no será solo técnica. Definirá quién mide, quién decide y quién asume el riesgo hídrico.