Qué cambia con la Ley de Glaciares que Milei quiere modificar
El ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para que cada provincia defina su zona periglaciar y habilite o no la minería. El Gobierno afirma que destrabará grandes inversiones y empleo, mientras que ambientalistas alertan retrocesos en la protección hídrica.“La reforma permitirá generar hasta un millón de puestos de trabajo”. — Milei.
• La Ley de Glaciares Milei reabre el debate entre federalismo y ambiente.
• El oficialismo apunta a destrabar proyectos de cobre y acelerar inversiones mineras.
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Qué cambia con el proyecto y por qué Milei lo impulsa
La Ley de Glaciares Milei propone un giro clave: que cada provincia determine su propia zona periglaciar, hasta ahora definida bajo criterios técnicos nacionales. Esa franja es la que hoy limita la minería por su rol estratégico en la regulación hídrica.
“La contracara será una gran inversión minera”. — Milei, durante el Congreso de Economía Regional.
El Presidente presentó la reforma como una vía para destrabar grandes proyectos de cobre —como El Pachón y Vicuña— reclamados por provincias mineras y por empresas del sector.
Qué dice hoy la Ley de Glaciares
La Ley 26.639 de protección de glaciares prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas glaciares y periglaciares. Define estos ambientes como reservas estratégicas de agua para consumo humano y recarga de cuencas.
Sin embargo, la definición del ambiente periglaciar es general y no detalla criterios operativos, lo que abrió espacio a interpretaciones contrapuestas.
El organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares es el IANIGLA, que aplica criterios científicos para identificar glaciares y geoformas periglaciales.
El inventario recibió críticas desde dos frentes: organizaciones ambientales sostienen que quedaron fuera glaciares pequeños, mientras que empresas mineras afirman que la actual interpretación técnica bloquea inversiones estratégicas.
Federalismo ambiental: provincias vs. Nación
El debate no es nuevo. Desde su aprobación, la Ley de Glaciares estuvo atravesada por la disputa entre un enfoque nacional —uniforme y científico— y el reclamo de autonomía de las provincias cordilleranas.
Ocho provincias —Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz— firmaron un documento para reforzar la potestad local sobre sus recursos naturales.
En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley y ordenó garantizar su aplicación conjunta entre Nación y provincias. Aun así, la discusión nunca terminó y vuelve ahora con la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Beneficios económicos: qué promete el Gobierno
El Presidente enmarca la reforma en un plan más amplio para atraer inversiones: minería, petróleo, gas, energía nuclear e inteligencia artificial. Según Milei, el país atraviesa un “nuevo Siglo de Oro”.
“La reforma permitirá generar hasta un millón de puestos de trabajo”. — Milei.
Desde el sector privado, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) afirmó que la ley actual “protege cualquier cosa” y desincentiva inversiones.
¿Retroceso ambiental o federalismo real?
Organizaciones ambientalistas advierten que permitir que las provincias definan la zona periglaciar puede flexibilizar la protección hídrica y afectar cuencas esenciales.
Las provincias, en cambio, sostienen que un enfoque centralizado frenó proyectos estratégicos y limitó ingresos locales.
La reforma regresa al punto de origen: cómo equilibrar autonomía provincial, protección hídrica y desarrollo económico en un país con urgencias fiscales y territorios dependientes de la minería.
El Gobierno propone que las provincias definan su zona periglaciar. Promete inversiones millonarias y empleo; ambientalistas alertan riesgo hídrico.
