#NiUnaMenos fue un grito que cambió la cultura, pero quieren borrar sus huellas»

Carolina Barone, exsubsecretaria de la Mujer en el Gobierno de la Ciudad, analiza en diálogo con Tercer Tiempo los 10 años de Ni Una Menos. Habla de los logros institucionales, el cambio cultural que impulsó el movimiento y el intento de retroceder en conquistas clave como el agravante por femicidio en el Código Penal.

• El femicidio fue incorporado al Código Penal en 2012. Hoy se discute eliminar ese agravante.
• Para Barone, eso no es ajuste: es violencia institucional y negación del Estado.

«Ni Una Menos fue un grito colectivo que le puso palabras al horror que vivían miles de mujeres. La consigna se volvió cultura», dice Carolina Barone, exsubsecretaria de la Mujer en el GCBA, en esta entrevista con Tercer Tiempo.

A una década de aquella primera marcha del 3 de junio de 2015, la exfuncionaria analiza con preocupación el presente. «Estamos frente a un vaciamiento de políticas de género que pone en riesgo vidas. Hay un intento de borrar las huellas institucionales del feminismo».

Ya lo habíamos advertido en nuestra nota sobre cambio climático y género: cuando se borra la agenda de derechos, se borra también la protección a las poblaciones más vulnerables.

TT: ¿Cuál fue el cambio más profundo que provocó Ni Una Menos?

CB: El principal impacto fue cultural: visibilizó lo que antes se callaba. El femicidio existió siempre, pero no se nombraba. Ni Una Menos logró instalar que eso era un problema político, no privado. Y lo hizo con una potencia transversal: lo entendieron las adolescentes, los jueces, los docentes. Cambió la forma de hablar de la violencia. Y eso es irreversible.

TT: El oficialismo quiere derogar el agravante por femicidio. ¿Qué implica esa decisión?

CB: Es gravísimo. No es solo un cambio legal: es una forma de negación del problema. En 2012 se incorporó el femicidio como figura penal, reconociendo que existe una violencia estructural por razones de género. Si hoy eso se borra, se está desconociendo que hay una desigualdad que mata.

«Eliminar el agravante por femicidio no es un gesto de eficiencia judicial. Es una forma de violencia institucional», asegura.

TT: Se habla de ajuste, pero no solo hay recortes económicos. ¿Cómo ves el vaciamiento actual?

CB: Es un vaciamiento simbólico, institucional y político. Sacaron el Ministerio, los programas de asistencia, las campañas de prevención. No es eficiencia: es desmantelamiento. Y esto tiene consecuencias directas: menos herramientas, menos contención, menos denuncias. Más riesgo para las mujeres.

TT: ¿Creés que hay una disputa simbólica con el movimiento feminista?

CB: Totalmente. Hay un intento de deslegitimar la lucha feminista, de banalizarla o ridiculizarla. Pero esa lucha está encarnada en miles de mujeres que trabajan en sus barrios, en sus escuelas, en sus hogares. No se puede borrar lo que ya se sembró. A diez años de Ni Una Menos, lo que está en juego es la memoria colectiva.

TT: ¿Qué rol tienen los municipios hoy?

CB: Son clave. Cuando todo se recorta a nivel nacional, las gestiones locales pueden sostener redes de contención, promoción de derechos, acceso a la justicia. Pero necesitan voluntad política. Y ahí también se juega una posición: o se está con las víctimas o se es indiferente.