Milei clasifica la discapacidad como: «Idiota. Imbécil. Débil mental»
El Gobierno de Javier Milei modificó la clasificación de discapacidad en Argentina, reincorporando términos en desuso como «idiota» e «imbécil» en la normativa oficial. Organizaciones denuncian un retroceso en los derechos del colectivo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) modificó la normativa para la evaluación de pensiones por invalidez en Argentina. La nueva regulación revive términos en desuso como «idiota», «imbécil» y «débil mental», generando un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y del colectivo de personas con discapacidad.
El cambio fue oficializado a través de la Resolución 187/2025 publicada en el Boletín Oficial. En el apartado de Psiquismo, los términos anteriormente utilizados, como discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, fueron reemplazados por una categorización que recuerda a criterios del siglo XIX.
El impacto de la ultraderecha en políticas sociales
Un retroceso en derechos
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis organizaciones ya presentaron un reclamo formal para exigir la derogación de la normativa. En su comunicado, advirtieron que esta resolución «implica un retorno al modelo médico de la discapacidad y un grave retroceso en los derechos del colectivo». También denunciaron el uso de términos «discriminatorios, obsoletos y peyorativos».
Desde la ANDis justificaron la modificación argumentando que «se busca mayor claridad en los diagnósticos». Sin embargo, especialistas en derechos humanos advierten que este cambio contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2008 y con rango constitucional en Argentina.
Milei y su discurso de «llamar las cosas por su nombre»
Javier Milei es conocido por sus expresiones agresivas y su rechazo a lo que denomina «cultura woke». En reiteradas ocasiones ha utilizado términos como «mogólico» o «descerebrado» para descalificar a sus críticos, defendiendo su postura de «decir las cosas como son». Este cambio en la reglamentación de discapacidad parece alinearse con esa misma lógica discursiva, trasladando su retórica al ámbito normativo.
El decreto pasó prácticamente desapercibido hasta que la cuenta de X Arrepentidos de Milei lo viralizó, generando una ola de indignación en redes sociales. Medios como La Nación informaron que el objetivo de la nueva clasificación era “marcar los límites de la norma para evitar el fraude”, una justificación que no convenció a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
En el Anexo I de la “Normativa para la evaluación médica de invalidez para las pensiones no contributivas por invalidez laboral”, el Gobierno especifica que para recibir asistencia es necesario presentar un certificado médico, historia clínica y estudios complementarios. Sin embargo, en la sección psiquiátrica, se utiliza la clasificación de discapacidad mental bajo términos anticuados como «idiota», «imbécil» y «débil mental» en distintos niveles de gravedad.
Reacciones y el impacto legal de la medida
Organizaciones internacionales ya están analizando el impacto de la resolución. Abogados especializados en derechos humanos advierten que Argentina podría enfrentar sanciones por incumplimiento de tratados internacionales. «El Estado está obligado a garantizar el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, y este tipo de cambios son una violación directa a esos compromisos», explicó Natalia Suárez, abogada experta en discapacidad.
La comunidad afectada ya se está movilizando. Se espera que en los próximos días se presenten medidas cautelares para frenar la aplicación de la norma. Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con su política de eliminar lo que considera «excesos» en la legislación vigente.
Los derechos de las personas con discapacidad en Argentina
La modificación de la clasificación de discapacidad en Argentina bajo el Gobierno de Milei ha generado un fuerte rechazo. La reintroducción de términos discriminatorios es vista como un retroceso en derechos y la vulneración de tratados internacionales. Las organizaciones afectadas ya han iniciado acciones para revertir la medida, mientras la comunidad internacional observa con preocupación.
